Tomado del comercio
asamblea | jueves 06/01/2011 El proyecto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) sufrió cambios. La Comisión ocasional entregó el nuevo informe para la votación, que sería el próximo martes.
Una de las principales transformaciones es la reliquidación a los maestros que se jubilaron desde el 20 de octubre del 2008.
Los municipios Los centros educativos municipales se incluyeron dentro de la clasificación de planteles. Esto después de varias marchas en defensa de la educación municipal.
Los municipios asumirán la construcción, mantenimiento e infraestructura física y equipamiento de los centros educativos.
Los recursos de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse), que pertenece al Ministerio de Educación se transferirán a los municipios.
Es decir, se plantea que a estos docentes, que ya recibieron hasta USD 12 000, se les pague el monto que falta para completar lo establecido en la Ley de Servicio Público, la cual fija la jubilación en hasta 150 salarios básicos unificados (USD 36 000), dependiendo de los años de servicio.
La reliquidación, según el informe de la LOEI, se entregará en un plazo máximo de 90 días, a partir de la vigencia de la legislación.
Pero el asambleísta César Rodríguez, presidente de la Comisión encargada de esta Ley, recuerda que aún hay que esperar el pronunciamiento del Presidente de la República.
Según el asambleísta, esta Ley se someterá a definitiva votación el próximo martes. Si se aprueba, pasará a manos de Rafael Correa, quien podrá aprobarla o vetarla y devolverla a la Asamblea.
La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Mariana Pallasco, se mostró conforme con el pago retroactivo del incremento del sueldo a los maestros con nombramiento desde la segunda quincena de noviembre, como ofreció la Ministra de Educación, Gloria Vidal.
Pese a esas “conquistas”, señala que aún hay aspectos que se deben revisar. Por ejemplo, Pallasco critica el que no se reconozcan los permisos a los docentes para participar en actos del sindicato.
La dirigente señala que este derecho a la libre asociación está amparado en la Constitución.
También dice que en las juntas de resolución de conflictos de cada centro educativo no se incluye a un educador. Solo se incorporó a un psicólogo, un abogado y un trabajador social. “Esto desconoce la realidad educativa”.
Otro de los cambios en el articulado se refiere al escalafón docente. El proyecto propone 10 categorías, que van de la J a la A.
En la categoría J no se menciona ni a las madres comunitarias y ni a los educadores populares. Los que están en la escala J son bachilleres que trabajan en zonas de difícil acceso y ganarán USD 500.
Rodríguez explica que con esto se busca regular la situación de estos maestros, que deben tener como mínimo un título de bachiller y ganar un concurso. Según Pallasco, en el país existen 26 000 madres comunitarias y 13 000 educadores populares y sus salarios actuales oscilan entre USD 130 y 150. Mientras que un licenciado que entra al magisterio ganará USD 640, en categoría I.
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